Santiago - Marzo de 2011
Al cumplirse 20 años de la publicación del Informe Rettig elaborado por la llamada Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación Nacional, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos acude a los tribunales de justicia, para presentar 566 querellas criminales en contra de quienes resulten responsables, de las ejecuciones sumarias cometidas contra igual cantidad de chilenos y extranjeros, mujeres, hombres y niños, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Estos casos demuestran como ha imperado la impunidad no solo durante los años en que dominó la dictadura militar de Augusto Pinochet, sino que también durante los 20 años bajo gobiernos de la Concertación, pues, nada justifica que en todo este tiempo la Justicia no haya investigado estos crímenes de lesa humanidad.
Estas 403 querellas por 566 victimas, se suman a las 350 que presentáramos durante 2010, que forman parte de un total de 1.160 casos de ejecuciones políticas que jamás han sido investigados judicialmente y mucho menos perseguidos y sancionados los autores materiales, intelectuales, sus cómplices y encubridores, así como tampoco se haya investigado las circunstancias en que se perpetraron los asesinatos
Se trata de 1.160 vidas cercenadas en una guerra inventada como pretexto para justificar toda clase de violencia contra la población desarmada, especialmente para exterminar a quienes apoyaron y participaron activamente en el gobierno del presidente Salvador Allende y seguidamente, a quines se opusieron al régimen dictatorial. Se trata de un genocidio organizado y ejecutado por las Fuerzas Armadas y de Orden, así como por organizaciones creadas para ejercer de manera selectiva el terrorismo de Estado, como fueron la DINA y la CNI.
Con la presentación de estas querellas perseguimos abrir una firme senda a la justicia y al establecimiento de toda la verdad. Chile necesita justicia para poder avanzar hacia una sociedad auténticamente democrática, pues mientras ello no ocurra, perdurará la amenaza constante de que es posible utilizar el terrorismo de Estado contra aquellos sectores de la población que reclamen por sus derechos más elementales. Mientras no haya justicia total sobre estos casos, será permisible que la protesta social sea criminalizada por las autoridades y la institucionalidad del Estado.
Por eso se encuentra entre estas querellas, la correspondiente al presidente constitucional de la República, Salvador Allende Gossens. Porque independientemente de las causas directas de su muerte reveladas por testigos que dicen haber estado junto a él al momento de los hechos, nunca ha habido una investigación judicial y por tanto un relato aceptado por algún tribunal, respecto a las circunstancias y la ocurrencia de los sucesos que culminaron con la muerte del presidente. Nunca se ha dicho nada desde el campo de la Justicia, acerca del bombardeo de La Moneda efectuado por aviones de la Fuerza Aérea de Chile, cuando se encontraba en su interior el Presidente de la República. Bombardeo que perseguía el aniquilamiento de quienes se encontraban al interior del palacio de gobierno, incluido el Primer Mandatario.
Presentamos estas querellas para avanzar hacia la conquista de la Justicia. Para que ella ilumine no solamente a quienes fueron asesinados duran te la dictadura, sino para que las trabajadoras y trabajadores, los damnificados por el terremoto, los estudiantes y los mapuche, accedan y ejerzan plenamente a sus derechos, incluido el de protestar y movilizarse por ellos, sin ser perseguidos y asesinados. Por esos mismos derechos luchaban la mayor parte de los ejecutados políticos y para frenar ese batallar se desencadenó el terror, que con diverso tono e intensidad se practica hasta estos días.
A 20 años de publicado el Informe Rettig, Chile exige Justicia; nos empeñamos en contribuir a ello.
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos - Chile
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